Un vuelco, o una confirmación inesperada, surgió en el juicio que se lleva adelante contra cuatro trabajadores del Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan cuando la inspectora del Ministerio de Trabajo que denunció supuesta “coacción agravada” (amenazas) en su contra durante la huelga de 2005, reconoció que la viceministra del área, Noemí Rial, fue quien le ordenó hacer esa denuncia en contra de los trabajadores. El propio Tribunal Oral 29 determinó que el juicio, que iba a extenderse hasta el 25 de abril, culmine el próximo viernes 12.
Debe recordarse que en el marco de aquel conflicto salarial se acusó a los trabajadores de “terroristas” y “delincuentes sanitarios” según las expresiones del entonces ministro de Salud Ginés González García. Los trabajadores, en aquel momento, llevaban catorce (14) años sin recibir aumento alguno de sus haberes.
Iris y la viceministra
Este 8 de abril comenzó el juicio oral a los integrantes de la Junta Interna de ATE (Asociación de Trabajadores del Estado) del Garrahan por aquella huelga de 2005, en el marco de una reactivación de causas que judicializan a casi treinta trabajadores por protestas sucedidas hace años.
Gustavo Lerer, uno de los acusados, cuenta a lavaca que las primeras dos jornadas fueron tan positivas que el juicio, proyectado hasta el 25 del corriente, se acortó hasta el viernes 12, día en el que convocan a una concentración a las puertas del tribunal. Uno de los argumentos que habría motivado esa decisión fue la declaración de una de las supuestas víctimas de “coacción agravada” (amenazas), la inspectora del Ministerio de Trabajo Iris Moyano, quien confesó ante el Tribunal que la viceministra de Trabajo, Noemí Rial, fue quien le ordenó hacer la denuncia en contra de los trabajadores. “Lo cual confirma toda nuestra hipótesis de que esta es una persecución política de criminalización de la protesta donde funcionarios del Poder Ejecutivo utilizan la justicia penal para perseguir a los trabajadores”, dice Lerer.
En la calle
En el caso del Garraham los hechos ocurrieron hace 8 años y ya hubo fallos que determinaron falta de mérito en primera instancia y luego sobreseimiento. Pero a fuerza de apelaciones y de presión oficial para juzgarlos, finalmente llevaron a proceso a Gustavo Lerer (bioquímico, delegado general ATE Garrahan), Adriana Agüero (enfermera), Eduardo Luis García (enfermero) y Marcelo Mansilla (técnico de laboratorio). El Tribunal Oral en lo Criminal n° 29 de Capital es el que está reeditando aquella historia.
En la calle, una movilización de casi mil personas se acercó a manifestar su apoyo y a catalogar al juicio como “judicialización de la protesta”. “Fue un acto impresionante frente al juzgado, hasta en Mar del Plata cortaron una ruta en solidaridad con nosotros. Así empezó el juicio y ya ese comienzo nos daba la impresión de que estaba ganado porque la clase obrera gana los juicios en la calle y no en los recintos”, sostiene Lerer.
14 años congelados
Durante la jornada de ayer los imputados recordaron que el conflicto que llevó al paro del hospital – manteniendo las guardias mínimas- fue salarial: hacía 14 años que los sueldos estaban congelados, desde el comienzo del menemismo. En el medio aparecieron inspectores del Ministerio de Trabajo para confirmar si se cumplían las guardias mínimas. Uno de los acusados, Eduardo García, relata que en realidad querían registrar quiénes eran los que hacían paro: “Y eso sí que es ilegal. Yo me acerqué a preguntarles quiénes eran y la inspectora Iris Moyano empezó a gritar”, relata Mansilla en la revista mensual MU de marzo. “No somos tontos: jamás la toqué. Pero ella hizo ese aspaviento y salieron derecho a la Dirección del Hospital, que sabían perfectamente dónde quedaba pese a que esto es un laberinto: estaba todo armado”.
¿Terroristas? ¿Salvajes?
Mansilla está acusado de sacarles fotos a los inspectores, lo que no es un delito. A Eduardo García le incriminan haber “pechado” a la inspectora Moyano, “cosa que nunca ocurrió”. Y a Gustavo Lerer y Adriana Acuña los imputan por acudir a la puerta de la Dirección, tras la actuación de los inspectores, a cantar el repertorio musical habitual por esas fechas: “Atención, estamos defendiendo la salud de la Nación”. La inspectora Moyano hizo la denuncia por una “coacción agravada” que nunca existió. El por entonces ministro de Salud Ginés González García expelió públicamente que se trataba de un “grupo salvaje de delincuentes sanitarios que hacen terrorismo tomando como rehenes a los chicos”. Debe consignarse que los así calificados continúan trabajando desde entonces en el Garrahan atendiendo situaciones de alta complejidad como parte de su trabajo cotidiano.
La perla
Frente a aquel conflicto laboral, la viceministra del Ministerio de Trabajo, Noemí Rial, optó por una maniobra que fue la perla de la jornada del día 9 en el juicio. Lerer: “La testigo denunciante, la inspectora Moyano, confesó que Rial le ordenó hacernos la denuncia. Los abogados defensores le preguntaron si en su trabajo, con 30 años de experiencia, lo que le ocurría en el Garrahan era algo habitual en estos conflictos. Contestó que sí. Le preguntaron si siempre hacía denuncias de este tipo. Respondió que no, y finalmente confesó que cumplió una orden”.
A partir de esta declaración, la defensa recurrió al artículo 388 que entiende que apareció un “hecho nuevo” en el transcurso del juicio y pidió la “comparecencia de la ministra Rial” para que brinde explicaciones. Sin embargo, Lerer duda de que eso vaya a suceder.
La inconsistencia de las imputaciones – ya dictaminadas en dos ocasiones en esta misma causa-, y la ahora confesa maniobra según los dichos de la propia inspectora del Ministerio, lleva a los trabajadores a considerar como un “amedrentamiento” y una “criminalización” el reflote de estas causas más que a creer que efectivamente los vayan a juzgar. “Se juega al desgaste, la jornada de ayer fue larga, pero nosotros estamos muy confiados que lo que expresa el fiscal no se va a poder llevar adelante”, explicó a lavaca José Luis Matassa, secretario general de ATE Capital.
Las madres de los enfermos
Como testigos del juicio también desfilaron el otro inspector denunciante, Sergio Neira, el director adjunto del Hospital, la ex directora de Enfermería y la ex directora de Atención pediátrica.
De parte de la defensa los testigos incluyeron madres de chicos internados (para demostrar que no hubo falta de atención a los pacientes) y periodistas que siguieron el conflicto como Pablo Llonto.
Tras la sesión de hoy, los jueces adelantaron la culminación del juicio para el día viernes 12 de abril –cuando estaba proyectado hasta el 25-, “aparentemente por la contundencia de nuestras declaraciones, de los testigos y esta novedad aportada por la inspectora Iris Moyanol”, entiende Lerer.
Ese día, a las 12 y media del mediodía los trabajadores convocan a una movilización a las puertas del Tribunal Criminal n° 29, Paraguay 1536, cuando se espera que se dicte el fallo.
